UN MARCO JURÍDICO LIBERAL Y ESTABLE PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

 A. INTRODUCCIÓN

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERPERU, ha sido creada con la finalidad de promover la inversión privada, nacional y extranjera, requerida para impulsar la competitividad del país, su desarrollo sostenible y mejorar el bienestar de la población. 

Como parte de sus funciones, PROINVERPERU está encargada de proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada, en concordancia con los planes económicos y la política de integración; llevar el registro de la inversión extranjera; tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica, bajo el régimen establecido por los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757;  y los contratos de inversión, en el marco del Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas. Asimismo, promueve la incorporación de la inversión privada en servicios y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado. De igual forma, preside la comisión para la negociación de los convenios internacionales de inversión.

En el marco de sus labores de información y orientación, PROINVERPERU presenta a continuación un resumen de los principales aspectos del marco normativo relacionado con el desarrollo de inversiones en el Perú.

 
B. MARCO LEGAL

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidades productivas existentes en el país, el Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

C. NORMAS CONSTITUCIONALES

La Constitución del Perú de 1993 contiene normas que consagran principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular, tales como:

La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo económico.

La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

La definición del rol subsidiario del Estado en la actividad económica.

La libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y el combate al abuso de la posición de dominio.

La libertad de contratar.

La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediante contratos ley.

La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.

La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales.

La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.
 
D. LEGISLACIÓN MARCO

La piedra angular de un sólido marco legal, que establece las reglas claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país, es el Decreto Legislativo N° 662, aprobado en agosto de 1991.

El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por Decreto Legislativo N° 757 y el Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF; así como normas modificatorias y complementarias.

El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”. Las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades económicas y no requiere de autorización previa por su condición de extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales es completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos.Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros.

Respetando los compromisos asumidos en la OMC, ningún mecanismo de selección ni requisito de rendimiento es aplicado o exigido a la inversión extranjera por su condición de tal. En los casos de inversiones que gozan de beneficios derivados de la suscripción de convenios de estabilidad jurídica con el Estado, los requerimientos son los mismos que aquellos planteados para inversionistas nacionales.

Toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, intervenga en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.

La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:

 

Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social

Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.

Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.

Inversiones en cartera.

Las contribuciones tecnológicas intangibles.

Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.

 

E. DERECHO BÁSICOS DEL INVERSIONISTA EXTRANJERO 

El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional.

La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportación e importación.

La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan.

El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación cambiaria que se trate.

El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.

El acceso irrestricto al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inversionista nacional.

Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.

La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales.

La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.

Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su inversión en el país.

 

F. CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA

El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato-ley, y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil.

1. GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE AL INVERSIONISTA

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacional no discrimina a los inversionistas en empresas, en términos de su condición de nacional o extranjero.Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta, aplicable al inversionista,  vigente al momento de suscripción del convenio. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el caso de capitales extranjeros. 

2. GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIÓN

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral vigentes al momento de suscripción del convenio.Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que sean de aplicación al momento de suscribirse el convenio.Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

3. ¿QUIÉNES PUEDEN SUSCRIBIR CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA?

Podrán suscribir los convenios de estabilidad jurídica los inversionistas y las empresas receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas, así como para la ampliación del capital social de empresas establecida. Asimismo, pueden suscribir los inversionistas participantes en el proceso de privatización y concesiones y las empresas involucradas en dicho proceso, que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1. Compromiso de inversión por parte del inversionista

A. El inversionista deberá cumplir con uno de los cuatro compromisos de inversión señalados a continuación:

A.1 Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menor de US$ 5 mm en cualquier sector de la economía, con excepción de los sectores minería e hidrocarburos.

A.2 Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menor de US$ 10 mm. en los sectores minería e hidrocarburos.

A.3 Adquirir más del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatización.

A.4 Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesión y que establezca en el contrato como mínimo los montos establecidos en los literales A.1 y A.2,  según corresponda.

B. Requisitos que debe cumplir la empresa receptora de inversión

B.1 Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad jurídica.

B.2 En caso se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.

B.3 Que se trate de la transferencia de más del 50% de las acciones de la empresa, cuando se trate de proceso de privatización.

B.4 Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesión..

C. Plazo de vigencia

La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del convenio de estabilidad jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión.

D. Solución de Controversias

Los convenios de estabilidad jurídica derivan la solución de controversias a tribunales arbitrales.